En pleno período prevacacional hoy hemos leído 2 artículos que nos han inquietado especialmente, porque hablan de la versión maligna de una industria farmacéutica que, como la carcoma, digiere los pilares de los sistemas sanitarios públicos. En este caso, del británico, aunque no creemos que en España la situación sea muy diferente.

El primero de ellos ha aparecido en The Guardian que, con el elocuente título de NHS bosses paid by drug firms comienza afirmando que el personal del NHS que decide qué fármacos van a ser utilizados por los médicos de familia y en los hospitales están cobrando dinero como consultores de los laboratorios farmacéuticos con el objetivo de que el sistema sanitario los cambie a los que ellos comercializan. La trama, una auténtica oda a la laxitud moral que nos invade, afecta al equivalente de nuestras comisiones de farmacia y actuaría, según el tabloide británico de la siguiente forma:

Todo esto se conoce días después de que supiéramos que el año pasado la industria farmacéutica pagó 59 millones de euros a los profesionales sanitarios en el Reino Unido. En nuestro país, de momento, no hay cifras al respecto, a pesar del empacho de transparencia de los últimos años.

El segundo se ha publicado en el BMJ y su autora es Margaret McCarteny quien pasó recientemente por Sala de lectura a cuenta de la peregrina patente de indicación de pregabalina. En esta ocasión y con su habitual contundencia, McCartney denuncia que enfermeras y farmacéuticos empleados por la industria farmacéutica están trabajando en atención primaria revisando la prescripción, a menudo sin el conocimiento de los pacientes. El mecanismo es el que se describe: el laboratorio en cuestión a través de empresas intermediarias contrata a estos profesionales sanitarios para que evalúen los registros de los pacientes y hagan recomendaciones en línea con las guías de prescripción. Todo ello en el marco de acuerdos de colaboración entre entidades públicas y privadas. Otras estrategias tienen a la formación como protagonista, citando varios ejemplos. Así, Pfizer financió un taller de optimización del uso de medicamentos en ICC, aunque esta práctica también puede llevarse a cabo de forma indirecta, a través de una empresa interpuesta.

En España, la situación no es diferente De lo que ocurre en las comisiones de farmacia no vamos a hacer ningún comentario, porque se circunscribe a lo que cada cual considera ético -dado que el conflicto de intereses se ha convertido en un concepto muy elástico- sin menoscabo de las quisicosas penales y fiscales, que también tienen aquí su lugar. Y nos vamos a centrar en las cuestiones estructurales que a nadie se le escapa son las más relevantes.

Las estrategias más modernas (y, posiblemente, eficaces) para implementar las recomendaciones de uso adecuado de los medicamentos pasan por las auditorías terapéuticas en las que los médicos de familia, de forma o individual o en equipo evalúan una serie de criterios (previamente definidos) en una muestra de sus historias clínicas. O por la revisión sistematizada de los tratamientos, en el marco de una estrategia de conciliación de los mismos, cuando el paciente transita entre los dos niveles asistenciales o deprescripción, para eliminar medicamentos innecesarios, ineficaces o potencialmente peligrosos.

Ejecutar estas estrategias requiere que los servicios de salud dediquen una cantidad de recursos importante: hace falta personal entrenado que debe actuar en el contexto de programas de evaluación -esta vez sí- de la calidad de la prescripción, incardinado entre los clínicos. La apuesta no es baladí y su fin es garantizar un uso seguro, eficaz y eficiente de los medicamentos, lo que redundaría en una mejoría de la calidad y los resultados asistenciales.

La industria farmacéutica sabe del calado de estas medidas y, en su afán controlador, financia becas de investigación con las que, al parecer, paga directa o indirectamente, a personal sanitario que se dedica a las funciones ya mencionadas. El juego, es el mismo que en el Reino Unido. A esto hay que añadir, la última moda en los servicios de salud: firmar convenios de colaboración en los que el gran protagonista es la formación continuada. Por supuesto, en los temas estrella (léase más rentables) y con la maraña farmacológica actual como telón de fondo.

En este blog siempre hemos defendido que otra industria farmacéutica es posible. Y que la que antepone su cuenta de resultados a cualquier otra consideración, está llamada a desaparecer. Es posible que los citados convenios de colaboración se sitúen en este contexto. Pero también es posible que el dinero fresco de los laboratorios, su afán por mejorar una imagen vapuleada y la presión de un mercado cada vez más competitivo, hayan sido la materia prima para construir un gigantesco caballo de Troya con el que entrar hasta la cocina de unos depauperados servicios sanitarios.

El otro día Javier Padilla se preguntaba en su blog si podemos permitirnos la sanidad que queremos. Sinceramente, pensamos que sí. Pero con reservas: hace falta una refundación del Sistema Nacional de Salud en la que -literalmente- nos jugamos su supervivencia y que en el área del medicamento pasa por, entre otras cosas, revisar qué se financia y a qué precio, amén de decidir si -de una vez por todas- nos dedicamos a evaluar nuestro trabajo más allá de unos indicadores de uso relativo cada vez más inadecuados, que tuvieron su razón de ser hace décadas y que hoy por hoy son manifiestamente insuficientes.

Mientras tanto, más le valdría a los servicios de salud regionales meditar las consecuencias de cada paso que dan en sus alianzas estratégicas con una industria farmacéutica que mucho tiene que cambiar (y demostrar) antes de que podamos confiar ciegamente en sus buenas intenciones. Y de paso, más le valdría a esos mismos servicios confiar en sus profesionales para organizar la gestión del conocimiento, la formación continuada y la evaluación de la prescripción. Nos parece increíble que organizaciones constituida por decenas de miles de profesionales que atesoran un capital intelectual inconmensurable tengan que externalizar, aún de forma subrepticia, estas tareas. Más cicatería, no cabe. Y más torpeza, tampoco…